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Una vecina de Luanco lleva la

plusvalía al Defensor del Pueblo

«O pagamos todos o ninguno», explica, al ver la

facilidad para no tributar en las herencias

05/01/2019 / Gozón
PEDRO PASCUAL (Luanco)
 

El Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU), vulgarmente conocido como «plusvalía», llega al nuevo año con controversia tanto dentro como fuera del Ayuntamiento de Gozón. Si en el debate político hay posturas enfrentadas entre los grupos sobre la rebaja de este impuesto, no menos polémica hay entre los ciudadanos, que son, a fin de cuentas, quienes lo deben pagar. O no. Y es que el tributo debería afectar a todas las operaciones de venta o herencia de un inmueble, pero es fácil escapar de él en el segundo caso. Una situación que una vecina de Luanco llevará al Defensor del Pueblo después de haber pagado religiosamente el impuesto y ver cómo la mayoría de los vecinos se escaquean.

 

Cuando se traspasa un inmueble, es el vendedor quien debe abonar el impuesto sobre plusvalía. Cambia la cosa en las donaciones, en las que es la persona que recibe el bien quien deberá liquidar el tributo. Y en el caso de los contribuyentes que hereden un inmueble, también deberán pasar por caja para pagar la «plusvalía». La citada vecina recibió en herencia hace unos meses un piso y procedió a liquidar la correspondiente «plusvalía» en el Consistorio. Todo parecía normal hasta que se enteró de que lo que había hecho no era precisamente lo habitual. «La gente se extrañaba de que hubiera pagado, así que me informé y me enteré de que a los cinco años prescribe la obligación de abonar el impuesto», explica.

 

La razón que le dieron en el Ayuntamiento es que «no hay un protocolo para controlar los fallecimientos y las herencias, así que no pueden saber si un piso debe tributar». De este modo, si pasan cinco años sin haber recibido reclamación del municipio, el ciudadano se ahorra el pago. «Es un impuesto que no debe existir», señala esta mujer, ya que «no se puede aplicar a todo el mundo porque no hay medios. Y si no los hay, que no lo cobren». Es por ello que acudirá al Defensor del Pueblo para pedir la retirada de este tributo, porque «si incumples la ley, no pagas y no pasa nada; pero si la cumples, pagas. O pagamos todos o ninguno».

«Es un impuesto que no debería existir. Sin medios no se puede aplicar a todo el mundo», valora la afectada

Ramón Artime, segundo por la izquierda, valoró que la plusvalía «es un cargo abusivo». (L. VENTURA)

El Ayuntamiento estudiará una rebaja del impuesto

P. PASCUAL (Luanco)

 

La «plusvalía» tuvo protagonismo en el último Pleno del año, el 20 de diciembre. El grupo del Partido Popular llevó una moción para solicitar una modificación tanto de este impuesto como del  Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), aunque la presentación de la moción respecto a este último llegaba fuera de plazo para poder ser aplicado en el año 2019.

 

Los populares recordaron que, tal como publicó EL FARO en su número de diciembre de 2018, con el fin de la reducción a partir del 1 de enero, un piso de 60.000 euros de valor catastral y del que han pasado 20 años desde la última transmisión de los bienes, implicaría un pago de la plusvalía en 2019 de 10.080 euros, por los 6.048 que pagaría en 2018. «Es un cargo abusivo», señaló Ramón Artime, portavoz popular.

 

Hay coincidencia en este sentido entre los tres grupos municipales y, en consecuencia, se llegó a un acuerdo para retirar la moción del Pleno, a instancias de Izquierda Unida-Equo-Convocatoria por Gozón, y llevarla a una comisión de forma inmediata para que, «con los números a la vista, se puedan establecer las medidas a tomar».

 

El Pleno recibió el compromiso del alcalde, Jorge Suárez, de llevar a comisión los números de las cuentas para decidir qué se puede rebajar. «Habría que eliminar las plusvalías, es un impuesto injusto», indicó el regidor, pero también recordó que «este Ayuntamiento no se puede permitir una bajada de ingresos si quiere cubrir los servicios», básicamente porque «tenemos que afrontar siete millones de deuda, que se empezó a amortizar en 2016 al ritmo de algo más de un millón por año».

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