La Policía Local y los bomberos, durante el incendio que redujo a escombros el inmueble. (J. M. G. B.)

Un tribunal dirimirá si el edificio del Correcaminos puede ser rehabilitado

Costas notificó al Ayuntamiento que no cabe rehacer el inmueble 

al caducar hace dos años la concesión otorgada en la II República

Enero 2016 / Carreño 

PAULA FERNÁNDEZ (Perlora)

 

Está en el aire la rehabilitación integral del edificio del Correcaminos, ubicado en la bahía de Perán. La Dirección General de Costas indicó al Ayuntamiento de Carreño que ya caducó la orden ministerial aprobada por el gobierno de la Segunda República el 15 de noviembre de 1938, en plena Guerra Civil.

 

Así lo notificó por escrito el organismo dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, que recordó al Consistorio que la concesión para construir este inmueble con destino a una fábrica de conservas de pescado, almacén y viviendas, venció el 13 de noviembre de 2013. 

 

Los dueños de la propiedad presentaron un proyecto para remozar el inmueble orientándolo para uso turístico en la Oficina Técnica Municipal a principios de verano, tal y como adelantó EL FARO por esas fechas. La caducidad de esta concesión por 75 años ha sido recurrida y está pendiente de resolución judicial, según explican desde el gobierno socialista. 

 

Una de las cinco partes del inmueble quedó prácticamente reducida a escombros después del incendio, presuntamente provocado, del pasado 3 de mayo en el pub Correcaminos. Las autoridades pusieron sus miras en la ex pareja sentimental de la gerente del establecimiento, quien también fue acusado de violencia de género. 

 

Después del trágico suceso, el Consistorio requirió a los propietarios la elaboración de un proyecto de desescombro. Pero ellos dieron un paso más y aportaron uno de rehabilitación de todo el edificio y presentaron un recurso de reposición que fue desestimado por el Ayuntamiento basándose en las directrices de Costas.

 

Semanas más tarde, los dueños del edificio de Perán sí que presentaron el proyecto de desescombro y el Consistorio les otorgó la correspondiente licencia, «condicionada a que estuviera presente la Guardia Civil, para garantizar el tema probatorio del proceso del juzgado de violencia sobre la mujer, y que pudiera acceder la titular al bar», indicó Amelia Fernández López, alcaldesa de Carreño. 

 

El proyecto de rehabilitación, elaborado por el arquitecto Enrique Argüelles García, no solo se basaba en remozar la fachada y cambiar la distribución de los espacios interiores, sino que aportaba la solución a cómo conectar el inmueble a la red de saneamiento. Hasta la fecha, las aguas negras de los cinco portales se evacuan hacia los sótanos, salen por tuberías hasta un paseo ubicado en la parte trasera y desembocan directamente en la bahía de Perán. Precisamente, el Ayuntamiento había reclamado en noviembre de 2014 que se acometiera esta obra. 

 

El Principado fijaba que la canalización de la red pasara por la parte trasera del edificio, el que preveía derribar directamente con el proyecto de la segunda fase de reforma del paseo marítimo, además de la expropiación del camping de Perán. Pero dicho documento no se llegó a ejecutar y en la actualidad la red saneamiento para por delante del edificio que sigue sin estar conectado.

 

La idea de Argüelles García mantiene la estructura de la fachada principal, porque los dueños del inmueble entienden que debería estar catalogada, al ser de 1910, antes de la Guerra Civil, con más de un siglo de antigüedad. La única modificación que se hizo desde entonces aconteció en 1935 y se basó en abrir ventanas en la planta bajocubierta. El arquitecto dibujó el resto de las fachadas ventiladas y acristaladas, mientras que en las de la parte de atrás habría paneles que emularían la forma de las olas y ofrecerían vistas privilegiadas a la bahía de Perán y la Ciudad de Vacaciones de Perlora. Además, se redistribuirían las estancias para dar al inmueble el uso turístico deseado. 

 

No es la primera vez que el edificio es motivo de litigio entre la asociación vecinos «Río Espasa» de Perlora, los dueños y las administraciones, tanto autonómica como local. El Plan de Ordenación del Litoral Asturiano (POLA) lo incluía dentro del dominio público marítimo-terrestre. Sin embargo, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias obligaba a modificar los planos para sacar el inmueble de esta catalogación. Más adelante, durante la elaboración del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Carreño, volvieron a incluir este espacio como de dominio público marítimo-terrestre. Y los tribunales dijeron más de lo mismo, amparándose en la jurisprudencia del TSJA de años antes. 

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