Casa Montán fue incluida en 2004 dentro del inventario de patrimonio arquitectónico de Asturias. (A. F.)

El Palacio de los Pola y la Casa Montán, en el punto de mira del Consejo de Patrimonio

El órgano propone al Ayuntamiento establecer unos premios o castigos en función del grado cumplimiento del deber de conservación de los inmuebles

Marzo 2017 / Gozón

LORENA VENTURA (Luanco)

 

Gozón quiere jugar un papel esencial en el mantenimiento del patrimonio cultural, tal y como trasladó el edil de Cultura, Manuel Hernández Barrios, en el último Consejo Sectorial de Patrimonio, que se celebró el 11 de enero. Según su propuesta, hay que hacer cumplir el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 1/2001 de Patrimonio Cultural, que se refiere al deber de conservación de los propietarios de los inmuebles significativos. 

 

El edil citó el Palacio de los Pola (Bien de Interés Cultural desde 1991) y la Casa Montán (incluida en 2004 dentro del inventario de patrimonio arquitectónico de Asturias) como casos más «sangrantes» de dejadez. «El hórreo tenía una protección integral y el propietario ha dejado que desapareciera el tejado en los últimos 10 años. Quedan poco más que las colondras», clarificó.

 

Y llegó a advertir de la posibilidad de expropiación motivado por el «interés social» por los reiterados incumplimientos, acogiéndose a los artículos 18 y 32 del texto legal. «La Ley de Patrimonio contempla multas coercitivas, que el ayuntamiento actué y pase luego la factura al propietario, e incluso  hasta la expropiación», explicó Hernández Barrios. 

 

El Consejo de Patrimonio se encargaría de elaborar una «lista negra» de las edificaciones en peligro para luego advertir a sus propietarios las consecuencias coercitivas, principalmente en forma de multas. De esta forma, el equipo de Gobierno prometió  empezar una batida porque, recordó, es el Ayuntamiento quien inicia un expediente para hacer cumplir la ley. 

 

REGIMEN

SANCIONADOR

El regimen sancionador incluye la imposición de multas por infracciones leves, graves y muy graves que van desde los 90 a casi un millón de euros. En este sentido, el incumplimiento del deber de conservación se considera una falta grave cuando suponga la destrucción o daños graves de bienes que forman parte del patrimonio asturiano y muy grave cuando la destrucción de un BIC sea «intencionada o medie grave irresponsabilidad».

 

Pero también habría una «lista blanca» para aplaudir a los dueños que sí hacen los deberes en cuanto a mantenimiento de los inmuebles se refiere. El Consejo de Patrimonio propuso hacer un reconocimiento público a quienes realizan un buen trabajo de conservación para que sirva de estímulo para el resto. «Para eso tendremos que reunirnos y crear unas bases. Habría que estudiar la fórmula. Aún no sabemos si habría un premio o diploma», aclaró Hernández Barrios, quien también citó varios ejemplos de buen hacer, como la capilla de Susacasa, la Casa de Mariano Suárez Pola o la Casa Mori. El Consistorio recuerda que el galardón de sumaría a las líneas de ayudas para emprender una restauración. 

 

De todas formas, algún quedan aspectos por limar respecto a los castigos y premios, dado que la reunión no contó con el quórum suficiente para que las decisiones adoptasen un carácter formal. Solo acudieron siete de los 12 miembros. Este órgano no resolutivo está formado por cinco especialistas o historiadores: Ignacio Pando García-Pumarino, Nicolás Alonso Rodríguez, Gerardo Díaz Quirós, José Ramón García López  y María Luisa García Fuego. Completan la composición el presidente y alcalde, Jorge Suárez; vicepresidente y concejal de Cultura, Manuel Hernández Barrios; y tres vocales de cada partido, además del secretario y la arquitecta municipal. Los dos últimos no tienen derecho a voto. 

Acecho, hórreos incluidos

 

L. VENTURA (Luanco)

 

La idea de aplicar mano dura para que se cumpla el deber de conservación de los bienes relacionados con la historia y la cultura de Gozón «es extensible a los propietarios de los hórreos y paneras, sobre todo si se baja el IBI. Muchos de ellos tienen un patrimonio etnográfico, un grado de protección integral, parcial o ambiental», recalcó Manuel Hernández Barrios, concejal de Cultura. La severidad en cuanto al cumplimiento de la Ley de Patrimonio no se traducirá por el momento en una flexibilidad de usos de las construcciones típicas asturianas. El edil está de acuerdo con el Principado de conceder «cierta libertad en cuanto a la instalación de canalones y ventanas» para los más contemporáneos y mantener las prescripciones para aquellos que datan desde el año 1600 a mediados del siglo XX porque, de otra forma, «se desvirtuaría el paisaje y llevaría a ciertos abusos».

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