Juzgados de Gijón. De izquierda a derecha, Luis Tuero (abogado) y Víctor Manuel Suárez (testigo). Al fondo, ediles del PSOE y la abogada de la condenada hablando con la regidora. (L. VENTURA)

Se pacta una condena mínima

por las amenazas a la alcaldesa

Diciembre 2017 / Carreño
LORENA VENTURA  (Gijón)
 

Estaba previsto que el juicio por las amenazas de muerte a la alcaldesa de Carreño, Amelia Fernández López, tuviera lugar el 9 de noviembre en los Juzgados de Gijón. Pero pocos minutos antes de que se celebrase, hubo un acuerdo. Los abogados de una y otra parte pactaron una condena mínima por los hechos acontecidos en el Pleno abril de 2016. 

 

La titular de la vivienda de Astilleros, 6, inmueble más conocido por Casa Carioco, fue condenada a los mínimos que marca la ley porque se apreciaron unas circunstancias atenuatorias a la demandada, derivadas de la situación de estrés que estaba viviendo y, por eso, se le redujo la pena todo lo posible. Estas circunstancias específicas fueron acreditadas por los informes médicos-forenses. Cabe recordar que la casa fue precintada aludiendo motivos de seguridad por los problemas de estabilidad del Monte Fuxa tras un argayo en 2013. Tanto la regidora como la demandada pusieron de su parte para no tener que verse la cara en los tribunales. «Nunca tuve ánimo de hacer ningún daño, ni perjudicarla en nada», se limitó a decir la alcaldesa. 

 

Así las cosas, por el delito de amenazas se le puso una pena de un mes y 15 días de prisión. También se le rebajó la pena en el delito leve de insultos a la autoridad  a 20 días de multa y por el delito grave de alteración del orden público, esto es, alterar la paz del Pleno y tener que suspenderse el mismo, se le impuso una pena de dos meses de multa. La cuantía de dichas multas se redujo a la mínima expresión y se quedó en dos euros por día. Lo que se mantiene es la orden de alejamiento y comunicación por un periodo de dos años.

 

El abogado de la demandante, Luis Tuero, destacó «la actitud desprendida de la alcaldesa, que renunció a todo lo posible que le podría corresponder de indemnización. Lo que pretendía era evitar el conflicto por todos los medios, como se hizo desde el primer día. Pero claro, hubo unos hechos y esos hechos son los que son».

La acusación pedía como compensación 3.000 euros, mientras que el fiscal solicitaba 1.000. Según Tuero, con el acuerdo se buscó no echar más leña al fuego. «Lo que se pretendía es que esta señora reconociera los hechos y se diera cuenta de lo que había hecho mal y que no vuelva a pasar. Se supone que ya forma parte del pasado». El letrado ya representó a ediles socialista en los casos como la contratación de las orquestas o la eliminación de multas.

 

La abogada de la demandada, Joana Canals, destacó que ambas mujeres «han cedido mucho». «A la hora de la verdad han aplicado la pena rebajándola dos grados y a los mínimos que marca la ley. Amelia (Fernández López) ha renunciado a la indemnización de 3.000 euros y el abogado de la acusación ha renunciado a las costas judiciales. Mi clienta ha cedido mucho porque entiende que no cometió un delito menos grave. Esto abre una puerta importante para el diálogo que evitará que la situación se enquiste en un futuro». 

 

TESTIGOS QUE  NO TESTIFICARON

El pacto entre las partes hizo que no declarasen los testigos, entre ellos el que fuera alcalde de Carreño, Ángel Riego. El anterior regidor valoró que «soluciones había varias, pero esta demuestra el talante de la alcaldesa y que nunca tuvo afán de perseguirla. Todo lo contrario». Fernández López estuvo arropada no solo por su antecesor, sino por todos los ediles del PSOE en la Corporación y por Áurea Gutiérrez, ex teniente alcalde.  También estaba previsto que relatase lo que había ocurrido en aquel Pleno, Víctor Manuel Suárez, ex miembro de Upyd e impulsor de varias iniciativas vinculadas a la tradición. «Era una de las pocas personas al margen de los políticos que se encontraban allí. Estaba esperando por lo de las marañuelas. Ninguna de las dos se merece lo que está pasando», resumió. 

La abogada de la demandada pide que se abra la vía

del diálogo para poner fin a los problemas en Casa Carioco

 

Se mantiene una órden de alejamiento y comunicación por 2 años

 

Estaba previsto la declaración de Ángel Riego y Víctor Manuel Suárez

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