Los bomberos, con linternas, poco después del desplome. De noche, imagen  general del edificio siniestrado. (L. V.)

El sobrepeso de las cubiertas de teja  y pizarra, posible causa del derrumbe

«La sobrecarga será la causa o una de las causas. Las viguetas no parece que estuvieran bien. Se va a averiguar todo», dicen fuentes municipales

Febrero 2018 / Carreño

LORENA VENTURA (Candás)

 

La sobrecarga soportada por las cubiertas de teja y pizarra, una de las probables causas del derrumbe del edificio de la calle José González Muniello en la madrugada del 15 de enero, tal y como ha confirmado fuentes municipales. Según explican desde el Ayuntamiento de Carreño, el tejado se cambió hace 22 años, colocando encima teja sobre la pizarra que había. Una afirmación perceptible a vista de pájaro y que corrobora la propiedad. «La sobrecarga será la causa o una de las causas. Las viguetas no parece que estuvieran muy bien, ni los hierros. Eso se verá. Se va a averiguar todo», valoraron.

 

De todas formas, las mismas fuentes no comparten que el arquitecto que diseñó conceptualizara el edificio de 1962 para que tuviera una cubierta más ligera y no para aguantar tanto peso. «Los tejados tienen que aguantar el señor que va a arreglar. Los 80 kilos por metro cuadrado tiene que aguantarlos. Ya se verá si estaba mal dimensionado, si la estructura estaba corroída por la antigüedad del inmueble o ambos factores».

 

Gabriel Rodríguez, edil de Urbanismo, explicó que el informe previo de los servicios técnicos municipales apunta que la causa del mismo fue «colapso de un paño del forjado de la cubierta del edificio, que se produce por la rotura del tramo del forjado afectado, a mitad de la luz del vano de sus viguetas, sin apreciarse incidencia alguna del colapso sobre las viviendas que se encontraban habitadas en ambos inmuebles».

 

El edil no descartó que el edificio pueda ser declarado en ruina técnica, económica o urbanística. «La situación planteada parece denotar que ambos edificios pueden presentar deficiencias estructurales o constructivas que pudieran suponer riesgo para las personas; correspondiendo a sus propietarios garantizar la seguridad de éstas», prosiguió, quien también recordó que «desde los servicios sociales municipales se están evaluando los casos de las familias más vulnerables que pudieran precisar ayudas más específicas». Del mismo modo, el Consistorio mantendrá reuniones con las dos propiedades para «concretar todos estos aspectos», concluyó el portavoz del gobierno local.

 

CATAS EN LOS PILARES

El Ayuntamiento estableció desde la misma madrugada del incidente las medidas de seguridad necesarias para que no pasara nada al vecindario. A partir de ahí, cada propietario ha designado los técnicos que van a hacer la evaluación de los edificios en coordinación con la Oficina Técnica Municipal. Personal autorizado para acceder allí y hacer las comprobaciones oportunas. Entre otras, cosas se han estado haciendo catas a los pilares. Los titulares de los inmuebles tienen un plazo de diez días a contar desde el 26 enero para presentar una valoración técnica para que concluya cómo está el edificio y saber qué obras hay que hacer y marcar los plazos.

 

El tejado cayó sobre el dormitorio donde hasta hace poco dormía Natanael Jiménez con su mujer. (L. V.)

El aparejador y el arquitecto municipal, el día del suceso. 

Desalojados conversan con un edil del Consistorio. (L. V.)

Vecinos sacando algunas de sus pertenencias. (L. V.)

Parte de la propiedad del edificio tratará de afrontar su reforma con la venta de una finca

«Estamos preocupados por los inquilinos», dice Blanca Vigón

L. VENTURA (Candás)


La familia propietaria del bloque donde se produjo el desplome del 15 de enero se encuentra entristecida por lo ocurrido y pondrá todo de su mano para volver a la normalidad. «Ya lo llevo mejor al pensar que no le pasó nada a ninguna persona», valoró Blanca Vigón. Existe otro bloque que fue desalojado por motivos de seguridad con otros titulares distintos.

Panorámica del inmueble siniestrado. (L. VENTURA)

La intención de los dueños, a priori, es afrontar la reforma de las partes dañadas, siempre que así lo indiquen los informes de evaluación que, a cierre de edición, estaban elaborando técnicos contratados por los titulares. «Para declararlo en ruina tiene que tener más de un 65% de daño. Y ya me adelantaron que no llega o eso es lo parece. Hay que arreglarlo sí o sí y va a subirnos la de San Quintín, pero merece la pena», lamenta.

 

Y es que deberá afrontar el coste porque «opté por la opción de tener a gente de confianza que hiciera las labores de mantenimiento. Seguro no teníamos porque costaba un riñón y no te cogía muchas cosas», comenta Vigón.


Las rentas que recibía la propiedad no dejan margen para sufragar los arreglos con recursos propios. Cabe recordar que, como ya publicó este periódico, varias familias no pagaban regularmente el alquiler y una de las que siempre lo hizo era de renta antigua. A fecha de desplome, el edificio estaba regularizado en cuanto a morosidad. «A ver si se puede vender algo, que no se vende nada, o ir a los bancos. Tenemos un solar en San Antonio, pero nadie pregunta», explica la dueña. 

 

Vigón puntualiza que en todo momento se preocupó por los inquilinos y habló con la mayoría, salvo por unos «que acudieron a un abogado para que nos pidiesen una indemnización, algo que no me gustó». 

 

Por otra parte, su abogado indica que hay dos opciones: «Declarar la inhabitabilidad de la vivienda y proceder a la reforma o declarar la ruina». Ambos supuestos tendrán unas consecuencias claras de cara a los arrendatarios. En la primera de la soluciones daría lugar a la suspensión del contrato entre tanto se hagan las obras de rehabilitación y, en la segunda, a la extinción del contrato, de acuerdo con la Ley de arrendamientos urbanos. 

 

El letrado confirma que, a falta de los informes que los técnicos, su representada prefiere la rehabilitación. «Eso tendría una serie de obras de reforma que llevarían unos meses». El abogado recuerda que «los inquilinos aceptaron en el contrato las condiciones en las que estaba el edificio. Hay una cláusula específicamente de conformidad sobre el estado de conservación del piso. Nadie contaba con ello. Nos hemos quedado a las puertas de una desgracia mayor».

Los titulares de los inmuebles tiene un plazo de 10 días para presentar una valoración técnica del estado del edificio

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