La Fiscalía ve malversación y falsedad en el caso del albergue de animales

Remitió la denuncia por los dos delitos al Juzgado de Instrucción

04/04/2019 / Carreño

PEDRO PASCUAL (Gijón)

 

El exconcejal y ex teniente de alcalde del Ayuntamiento de Carreño, Gabriel Rodríguez Fernández, será investigado por el Juzgado de Instrucción número 5 de Gijón por los presuntos delitos de malversación y falsedad en documento público. La intervención judicial se deriva de una posible actuación fraudulenta al engordar facturas de un albergue de animales para compensar los retrasos en el pago del servicio. La investigación también recaerá sobre la dueña de la residencia canina Arco Iris, Ángeles Sánchez Arribas, como cooperadora necesaria en el posible delito de malversación.

 

La intervención del Juzgado se deriva de la denuncia de la Fiscalía,  formulada después de seis meses de investigación tras la denuncia presentada por el Partido Popular  por un presunto delito de prevaricación del exconcejal y de la alcaldesa, Amelia Fernández López, tras desvelarse unas grabaciones en las que se inducía a una proveedora de servicios municipales –la recogida de animales abandonados– a incluir en su facturación servicios no realizados.

 

Gabriel Rodríguez, como recoge la Fiscalía en sus conclusiones, conminaba a Ángeles Sánchez a engordar facturas para compensar los gastos que le suponía el retraso en el pago. En aquellas grabaciones, el ex teniente de alcalde aseguraba que la regidora estaba enterada de todo, aunque la Fiscalía no incluyó a la alcaldesa en su denuncia penal, referente a malversación y falsedad, pero no a la prevaricación inicialmente investigada.

 

ACREDITADO EL ACUERDO

La Fiscalía, tras realizar las oportunas diligencias de investigación, consideró acreditado que la guardería canina y el Consistorio tenían un acuerdo, a la espera de que se pusiese en funcionamiento el albergue comarcal.

El Consistorio se comprometía a pagar 6,65 euros por perro recogido y día de estancia en la residencia Arco Iris, con una facturación mensual que se enviaba por correo directamente a Gabriel Rodríguez y se abonaba por transferencia bancaria.

 

Ante la falta de consignación presupuestaria, comenzaron a acumularse los impagos y llegaron las reclamaciones. La Fiscalía da validez a dos facturas aportadas por la propietaria del albergue engordadas con días de estancia de animales que no se habían producido. Las facturas estaban aprobadas por resoluciones de la Alcaldía y sumaban un total de 634,72 euros por servicios ficticios.

 

La Fiscalía considera que se debe aplicar a Rodríguez Fernández el delito de malversación porque indujo a la proveedora a presentar facturas por servicios no prestados, una infracción del deber de lealtad, como autoridad que era en aquel momento, extralimitándose en sus facultades de disposición sobre el patrimonio público, causando un perjuicio. La actuación del exedil causó, según la Fiscalía, un daño patrimonial contra la Administración, aunque no de enriquecimiento.

 

El delito de falsedad se le imputa al exconcejal como medio para cometer el de malversación y puede ser castigado con una pena de dos a seis años de prisión, inhabilitación para cargo o empleo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo de seis a diez años. Dada la cuantía, que no llega a 4.000 euros, se podría aplicar el tipo de pena atenuado, con prisión de uno a dos años y multa de tres meses y un día a doce meses, con inhabilitación especial para cargo o empleo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo entre uno y cinco años. En cuanto a la propietaria del albergue, la Fiscalía considera que su cooperación, con la emisión y cobro de las facturas, fue indispensable para la ejecución del delito de malversación, por lo que también tramitó denuncia contra ella. Ahora, el Juzgado de Instrucción número 5 de Gijón dispondrá de seis meses para la investigación, que ya está en marcha.

La dueña de la residencia canina atesora numerosa documentación. (L. VENTURA)

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