El Supremo dirimirá la estafa a una pareja de 78 años que perdió una casa en Guimarán

«Quedamos con una mano delante y otra detrás»,

lamentó en el juicio el jubilado, calderero sin estudios

La pareja contactó con el teléfono que se anunciaba en un periódico regional, que ofrecía la reunificación de deudas, siendo atendidos por la ovetense que esa misma tarde se presentó en el domicilio de los mayores acompañada de su primo. «Concibió un plan de actuación con el propósito de enriquecerse a costa de los ancianos», dice el texto legal.

 

La ovetense volvió en varias ocasiones al domicilio familiar haciéndoles entrega de dinero –hasta 3.000 euros– para que fueran sufragando gastos. En un determinado momento les propuso una «venta falsa» de su finca con casa en Carreño y de su vivienda habitual en Gijón para pagar los créditos pendientes, anular luego esa enajenación y quedando a deber a la supuesta financiera sobre 200 euros mensuales durante 25 años (60.000 euros).

 

Pero finalmente fueron a una notaría de Lugones y se vendieron las propiedades por 129.000 euros a un tercero, el hermano de un conocido de la acusada. Parte del dinero sirvió para cancelar deudas, pero 83.856 euros desaparecieron o, como dice la sentencia, «la acusada incorporó a su patrimonio sin que los bienes vendidos retornaran». 64.356 euros que cobró la septuagenaria mediante talón nominativo se los entregó a la condenada.

 

En el juicio fueron acusados también el apoderado del Banco Popular, el comprador, un abogado (hermano del comprador y conocido de la condenada desde 1998) y el primo de la condenada (que la acompañaba y hacía las veces de chofer), pero todos fueron absueltos por falta de pruebas.

 

«CALLAR LA BOCA»

El relato del jubilado resultó crucial para la sentencia por su «fiabilidad, plenitud de detalles y coherencia interna». Entre otras cosas, aclaró con contundencia que en ningún momento plantearon vender su patrimonio porque «para vender no necesitaban a nadie», ni que querían ir a una residencia. «Con 70 años no se está para ir a una residencia», dijo. La víctima señaló además que la condenada les dijo de ir a una notaria para hacer «una escritura falsa», indicándoles que allí no hablasen, «que callasen la boca». La supuesta profesional de La Providencia se limitó a decir que solo realizó una «tarea de asesoramiento y de intermediación para la venta de los bienes de los ancianos porque querían ir a vivir a una residencia». 

29/06/2019 / Carreño
LORENA VENTURA (Guimarán)
 

El Tribunal Supremo decidirá si confirma la sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, en Oviedo, que condenó a una ovetense, una auxiliar administrativa domiciliada en Somió, a siete años de prisión por estafa agravada a una pareja de ancianos, que perdieron una casa en Guimarán y una vivienda en Gijón a raíz de las gestiones de la primera. Para determinar el fallo judicial se tuvo en cuenta el agravante de reincidencia (ya había sido condenada por estafa).

 

Además de la pena principal se condenó a la mujer, que nació en 1976, a indemnizar al matrimonio de mayores a la suma equivalente al precio de mercado de los inmuebles, a 20.000 euros más por daños morales, así como pagar los gastos notariales y registrales derivados de la compra de dos viviendas similares. La condenada deberá afrontar una multa de 18 meses a razón de 12 euros por día y seis meses de cárcel por falsedad documental (dos pruebas periciales caligráficas realizadas por tres policías certificaron que había falsificado una firma de dos recibís de los que se sirvió para urdir la trama).

 

«Estimamos que la sentencia definitiva puede tardar un año», confirmó la defensa de los septuagenarios. Desde el gabinete de abogados no han querido ahondar más en el caso por órdenes expresas de la pareja, que están «muy asustados por lo que está pasando». En el juicio, el jubilado, calderero sin estudios, lamentó que «quedó con una mano delante y otra detrás» o «con la espalda abierta» a raíz de lo sucedido, después de haber estado trabajando «desde los 14 años».

 

Según consta en la sentencia, los hechos se remontan a 2010 cuando un matrimonio, que en la actualidad tiene 78 años, estaba acuciado por las deudas que mantenía con un banco (debía 30.594 euros a Liberbank) y con varias financieras, uno de ellos para afrontar los impuestos con Hacienda al cambiar de piso. Su situación de vulnerabilidad es evidente: el hombre tiene un 38% de minusvalía por hipoacusia (pérdida de audición) y su mujer un trastorno adaptativo mixto y depresivo. La pensión de jubilación de él de «mil y algo euros» eran los únicos ingresos que entraban en casa.

 

Panorámica de Guimarán, con sus casas. (E. F. )

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