Diferentes unidades de actuación que recoge el PGO. (A. C.)

Diferentes unidades de actuación que recoge el PGO. (A. C.)

Un informe jurídico dirá si la oposición lleva ante Fiscalía la tramitación del PGOU

Somos e IU se plantean

pedir dimisiones

01/05/2021 / Carreño

LORENA VENTURA (Candás)

 

El informe jurídico determinará si Somos Carreño - Podemos e Izquierda Unida llevan ante Fiscalía la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Carreño. «Nos ha dicho que no huele bien, que es para presentarlo ante Fiscalía porque se está beneficiando a ciertos propietarios. Hay una especulación de la leche. Hay intereses concretos que se quieren satisfacer a costa del interés general», expone Ángel García Vega, portavoz de Izquierda Unida, quien dejó claro que en este asunto «podemos hablar por una sola voz», en mención que mantiene la misma postura que Somos.

 

Además, ambos partidos se plantean pedir dimisiones. Y miran especialmente a la concejala de Urbanismo, Cecilia Tascón Fernández, que «se esconde incluso en las reuniones con los vecinos». IU y Somos Carreño siguen tendiendo una mano al PP «para hacer lo correcto», a pesar de «su giro de 180 grados» (ya no pide redactar un nuevo PGOU). «En esa revisión lógica, se modificarán muchas de las recalificaciones y expropiaciones beneficiosas a grandes intereses. Por lo que se apuran a aprobar ahora para así otorgar seguridad jurídica para grandes desarrollos, suelos recalificados, derechos edificatorios por sistemas generales… de forma que más adelante no se puedan cambiar. Este es el único interés del PSOE», añaden.

 

Ambos partidos dicen que realizar los últimos trámites es «una aberración» porque «el interés general del concejo está en serio peligro», alertan. ¿Qué irregularidades en concreto? «Aún es pronto. Todo apunta a un contencioso legal de largo recorrido», explica García Vega. Lo que sí avanza es que existe «documentación (económica) trascendental, que no está a la vista en este proceso de información pública». Al margen de tomar el camino legal o no, ambos partidos presentarán «hasta ocho alegaciones». En Perlora creen que han quedado sin definir muchos aspectos, entre ellos el que consideran más importante: «Cómo costearán las arcas municipales todos estos cambios». En cuanto a Carrió, se propone un realojo de unos vecinos y «se sustrae a los ciudadanos documentación esencial para alegar».

 

Una de las cosas que IU y Somos quieren dejar claro e insisten en ello, es que «el gobierno de Carreño está engañando a la ciudadanía». Y citan las dos principales «mentiras». La primera es que «el PGOU está secuestrado. Y no es así, está mal diseñado, redactado y tramitado», dice García Vega. «Durante diez años se ha dado licencias cada mes en cada comisión de urbanismo», apunta. Y, según ambos, el engaño se ha fraguado «usando herramientas técnicas y jurídicas», de difícil comprensión para el conjunto del vecindario.

 

IU y Somos siguen abogando por una revisión total o una nueva redacción porque entienden que el PGOU no es nuevo, dado que ya ha pasado una década. «Las necesidades urbanísticas y el modo de vida ha cambiado por completo, más aún tras esta grave pandemia». Estos grupos de izquierda ponen dos ejemplos: «No se permiten terrazas de cierta entidad o no se permite desarrollar suelo propio en la zona rural, para poder construir una vivienda para hijos o familiares».  A criterio de Somos e IU, debería haber cambios en cinco aspectos antes de la aprobación del Texto Refundido: en los sistemas generales, en el convenio con HC, en el antiguo PERI de Perlora, en las unidades de actuación y en las fichas técnicas.

Portavoz del PP, Joana Canals. (L .V.)

Joana Canals, portavoz del PP. (L. V.)

DECISIÓN ABOGADA

El PP recuerda que su interpretación

jurídica sobre la situación del PGOU

coincide con la de varios letrados

01/05/2021 / Carreño

LORENA VENTURA (Candás)

«Si no se ponen de acuerdo después de tantos años en la ordenación de dos zonas, cómo van a hacerlo en revisar totalmente el PGOU». Así resume Alejandra Boto Álvarez, profesora de Derecho Administrativo de la Universidad de Oviedo, la situación actual en la que se encuentra el plan urbanístico de Carreño. La letrada participó el 7 de abril en una charla coloquio que hubo en el marco de unas jornadas organizadas por la Universidad, donde se abordó el tema de Perlora. Cabe recordar que la ordenación urbanística de esta parroquia y de Carrió se encuentran actualmente en periodo de información pública.

 

El Partido Popular subraya de esta forma que su interpretación jurídica sobre el plan urbanístico coincide con varios expertos en Derecho. «Existe una obligación legal de desbloquear la actual situación urbanística en la que se encuentra el concejo. Los vecinos están hartos de esta situación de desencuentros políticos. Quieren que de una vez el concejo cuente con un planeamiento completo y que se apruebe el Texto Refundido. No quieren que pasen otros diez años en esta situación», recuerda Joana Canals Ibáñez, portavoz del PP, quien resalta cuatro ideas básicas: Dotar de un PGOU es obligación y competencia estrictamente municipal; los ciudadanos tienen derecho a disponer de un planeamiento completo y pueden acudir a los tribunales si el hecho de no tenerlo les ocasiona perjuicios económicos; si no se aprueba el Texto Refundido no pueden hacerse modificaciones definitivas del PGOU; y también se podría desbloquear revisando totalmente el plan, lo que no exime al Ayuntamiento de tener el vigente totalmente completo.

 

La concejala anima a los vecinos afectados a presentar alegaciones y propuestas para hacer modificaciones puntuales sobre el PGOU. «El PSOE tiene que ceder y aceptar aquellos cambios que se soliciten, que supongan un beneficio en materia de urbanismo para todo el concejo. Esta va a ser nuestra exigencia», resalta la portavoz popular.

 

«ORIGEN DEL DESAGUISADO»

El PP recuerda «el origen del desaguisado». «El PGOU lo aprobaron PSOE, Izquierda Unida y Uras. Si ha habido o no irregularidades que lo pregunte IU a sus antiguos concejales y, si las ha habido, que lo trasladen a Fiscalía», dice Canals Ibáñez.

 

De todas formas, la portavoz popular mantiene la postura de que «no existe ni ha existido irregularidad alguna en la tramitación del PGOU. Se está actuando conforme a derecho» apoyándose en informes jurídicos y técnicos, en las prescripciones de la CUOTA, en el informe del Consejo Consultivo y dando cumplimiento a la Sentencia del TSJA que anuló el Texto Refundido.

 

El PP tacha de «irresponsables a IU y Somos por manifestar una posible irregularidad sin presentar pruebas, máxime cuando en los diez últimos años nunca han mostrado su disconformidad».

«Existe la obligación legal de desbloquear la actual situación urbanística de Carreño», dice la portavoz del Partido Popular

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