4/07/2025 / Carreño

LORENA VENTURA (Candás)

 

Desde que se aprobó el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Carreño en 2012, hace trece años, no se ha construido ni una sola vivienda en las Unidades de Actuación (UA) de Candás. Esto ha llevado al equipo de gobierno, formado por Izquierda Unida - Somos Carreño, a darse de bruces con la realidad: «Ese 50% de aprovechamiento lucrativo que implicaba en la práctica un 62,5% de reserva de la edificabilidad para Viviendas de Protección Oficial (VPO), era inviable económicamente, tanto como que no se llegó a desarrollar ninguna UA en la vigencia de este plan», explicó Alberto Fidalgo López, concejal de Urbanismo, en el Pleno del pasado 29 de mayo en el que aprobó inicialmente las modificaciones parciales  con los votos del gobierno, PSOE y los concejales no adscritos. El Partido Popular (PP) y Vox se abstuvieron.

 

Aunque inicialmente el equipo de gobierno abogaba por partir de cero e iniciar la redacción de un nuevo PGOU, ha cambiado de opinión asesorado por los funcionarios. «Siempre fuimos partidarios de una revisión total, pero se alargarían los plazos. Los servicios técnicos nos dieron la opción de continuar con la tramitación de la modificación puntual y abordar, a continuación, ya una tramitación en profundidad de todos los ámbitos del PGO», ahondó el edil del área, que incidió en que el cambio de criterio se ha hecho «por prudencia y responsabilidad».

 

La escasez de vivienda nueva es uno de los principales argumentos para ceder, sobre todo en el centro de Candás. «La justificación es adaptar el PGO al Plan Especial de Reforma Interior (PERI) de Albo, en el que había desajustes», explicó Fidalgo. Y no se ponen ladrillos a pesar de varios «intentos de desarrollo» por parte de constructores.

 

Ante esta tesitura, se ha optado por reducir del 50 al 35% la reserva de suelo destinado a pisos con algún tipo de protección. El edil de Urbanismo indicó que, teniendo en cuenta la superficie edificable total de vivienda, la VPO pasaría de 31,7% a un 22,36%, ligeramente por encima del límite legal (20%).

 

En números, la variación total es de 18.058 metros cuadrados menos destinados a vivienda protegida, lo que supone una disminución del 14,89% que equivale a unas 180 viviendas menos en todo el suelo urbano de Candás.

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Además, esta obligación de reservar un porcentaje a VPO se elimina en aquellas superficies en las que las parcelas lucrativas dieran una superficie inferior a los 1.000 metros cuadrados porque «no era sostenible». Dicho en otras palabras, un edificio pequeño debería tener dos portales (lo que se conoce como elementos comunes), algo que es técnicamente imposible.

 

Este es un cambio que afecta a nueve grupos de parcelas y se aplicará a todos, salvo en un caso. La UA1, la correspondiente al aparcamiento del Molín es de titularidad pública, por lo que «consideramos lógico conservar ese 62,5% inicial».

 

Sólo el PP ahondó en las cuestiones técnicas y económicas de estas modificaciones, que considera «positivas». «Al final, nos hicisteis caso a lo que os planteamos inicialmente», recordó Eduardo Muñiz Cuervo, portavoz popular. No obstante, los populares se abstuvieron porque consideran que la rebaja en la reserva de la viviendas protegidas es «una medida lineal» y que debe analizarse parcela por parcela porque «los costes de urbanización no son iguales».

 

AMIANTO

Muñiz puso como ejemplo el PERI de Albo. «Ponéis el 35%, pero ¿tenéis en consideración lo que son todos los gastos de urbanización y de derribo? Si se tiran las naves, ¿cuánto cuesta retirar el amianto?», preguntó. Considera que este porcentaje no puede ser el mismo porque los gastos no son iguales en unas parcelas que en otras. «No es lo mismo hacer un derribo que sólo poner una acera. Hay que hacer un estudio real de cada UA», añadió. De ahí que el portavoz del PP plantease sus dudas «de que, con esas condiciones, Albo se pueda desarrollar».

 

Fidalgo insistió en que la viabilidad económica está acreditada por los técnicos del Ayuntamiento. «No la haces tú, ni el promotor, ni el director de un banco...». Ya fuera de plenario señaló que hay promotores interesados en construir en Candás. Muñiz lanzó otra pregunta: «¿Van a conseguir que se construya a 1.200 euros el metro cuadrado aunque lo digan los técnicos en el estudio de viabilidad? Si lo logra, yo les aplaudo».

 

Por su parte, el alcalde, Ángel García Vega, cerró el asunto tirando de «ideología». «Nosotros entendemos que, en cualquier punto del pueblo y del concejo, un ciudadano tiene derecho a vivir. En todas las UA tiene que haber VPO. El PP y los constructores estarían encantados de que las viviendas protegidas estuvieran en el extrarradio y las viviendas libres en el centro», apostilló.